Esta labor, desde luego, debe incluir a la ciudadanía y, de acuerdo con la coyuntura nacional, a los actores políticos.

La justicia debe trabajar con agilidad en los procesos y con una aplicación ejemplificadora de la ley, una vez que se conozca y ubique a los responsables. 

La Fiscalía y la Policía, en la investigación rápida y eficiente de los hechos y la aprehensión de los sospechosos.

De parte del Ejecutivo y la Asamblea Nacional, la emisión y ejecución de políticas claras que repriman las conductas delictivas, pero también de las que estimulan la generación de empleo. 

Incluso, los candidatos a la Presidencia deberían pronunciarse sobre cómo aspiran a luchar contra el desempleo y el subempleo, con propuestas prácticas y puntuales.

De los ciudadanos, que se pierda el miedo a denunciar los ilícitos y se exija respuestas oportunas a los funcionarios y autoridades.

Los problemas sociales van en aumento y, si mantienen la crisis financiera y la falta de oportunidades laborales, es posible que la delincuencia también crezca. 

Es un problema que hay que enfrentar y, al mismo tiempo, prevenir.