El ferrocarril es un patrimonio histórico que se convirtió, ya renovado, en otro emblema del  pasado gobierno y por tanto molestoso para quien se desvió totalmente de los postulados que aceptó por diez años. El tren, que ganó premios consecutivos a nivel mundial, fue una inversión que trascendía el puro simbolismo; la intención era dotar al país de otro producto turístico auténticamente nuestro, beneficiando con ello a las poblaciones de la ruta. Hoy, según la misma prensa amiga, son poblaciones fantasmas donde la alegría se trocó en  desolación y vandalismo.

Siendo realistas, si el próximo gobernante decide concesionar el tren, deberá esperar que termine la pandemia que amenaza con peores efectos sobre la industria turística. Sería demasiado oneroso para el Estado rehabilitarlo nuevamente sin una demanda que al menos lo sostenga, en tanto que a las corporaciones privadas no les convendría invertir en lo que no dará grandes ganancias durante los primeros años.

He allí la diferencia sustancial entre las inversiones del Estado cuya razón de ser es el bienestar público y que al final son útiles para todas las actividades privadas, para grandes empresas y pequeños emprendimientos. Los cuentos de espanto cayeron por tierra, pues más bien se ampliaron oportunidades de negocios con un número mayor de países y se ejecutaron obras de infraestructura para incentivar la producción privada, ya que el Estado empresario dejó ese rol desde hace muchos años. Y a quien pudiera adquirir otra vivienda, el Biess no le negaba un crédito.

Los ultraneoliberales no se cansan de repetir que nunca un gobierno contó con grandes fondos como el anterior. No dicen que para esa ideología el Estado siempre debe ser denostado como mal administrador, con el maligno objetivo de que plantas eléctricas, recursos hídricos o  refinerías pasen a manos privadas. Recuérdese cómo el señor Cuesta intentó vender la Refinería de Esmeraldas a un mexicano, de un día para otro.