No se puede, a pretexto de un problema legal originado por el mal procedimiento de funcionarios que entregaron carnés a personas que no los merecían, o del riesgo de contagio, mantener en suspensión indefinida un servicio que beneficia a un grupo de la población considerado vulnerable.

Han pasado ya varios meses y todavía no se atiende a quienes requieren la calificación y certificación de discapacidades, lo cual es necesario para que muchos usuarios de bajos recursos puedan acceder a beneficios como becas y bonos, entre otros. Con ello se atenta contra el derecho de estas personas y se desmejora la imagen de los servicios públicos.

Se espera que el Ministerio de Salud y la Fiscalía investiguen y pidan el enjuiciamiento contra quienes cedieron a la corrupción y emitieron los carnés, incluso en plena pandemia, cuando el proceso estaba suspendido, pero que también se ordene la reactivación de este servicio.

El Ministerio de Salud les debe una explicación a las personas con discapacidad y a sus familias por la suspensión de este proceso que hasta ahora sigue en espera.