El análisis, elaborado por la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Autónoma de Barcelona, concluye que la mayoría de los municipios del país no cumple, o lo hace a medias, con las exigencias de la ley para hacer más transparentes su gestión.

Según ese documento, 146, de los 221 municipios del país, no superan el 25 por ciento de lo que señala la ley. 

Entre los manabitas aparecen once con entre el 25 y el 49 por ciento, y el resto no alcanza ese valor.

La transparencia debe ser parte inherente al trabajo en la administración pública. Los ciudadanos tienen el derecho de conocer a qué se destinan los recursos que provienen de sus aportaciones y del fruto de su trabajo.

La Ley Orgánica de Transparencia e Información Pública determina los puntos que deben cumplirse, y las condiciones en las que debe darse el acceso a la información, que debe ser de los ciudadanos, no de los funcionarios. Las únicas excepciones que deberían existir son las que señala la ley como información reservada o clasificada.

Las instituciones relacionadas con la transparencia de la información deben recoger estos reportes e investigarlos, para garantizar al acceso a los datos.