En este círculo vicioso, es evidente la disimulación de los políticos, la violación al estado de derecho, la exclusión social y la “mentirocracia”, dentro del comportamiento circunstancial de los que ostentan el poder, inclusive autorregulados descaradamente, para cubrir las prácticas de esas irregularidades, las cuales raras vez son denunciadas ante las leyes. 

Debe ser preocupante para una sociedad que tiene que apostar por la recuperación de los valores ciudadanos, la suma de individuos creciendo hacia el camino de la “viveza criolla”, de la coima, del facilismo, del oportunismo; y, no por los preceptos correctos, estipulados en las normas constitucionales y morales.

Se crean y se inventan un sinnúmero de requisitos, aparentando “rigurosidad” para justificar la “legalidad” e idoneidad del sector al que aspiran a acceder a las instancias de la administración de la justicia, de la docencia en educación superior y del magisterio, del sector de la salud, pero paradójicamente casi nulos para las autoridades y funcionarios de la administración de los poderes del Estado, que es justamente donde más se requieren esas exigencias técnicas, académicas y éticas.

Llama la atención que generalmente los requisitos que se “exigen” y constan en las páginas de perfiles profesionales sean meramente en competencias funcionales y destrezas materiales y no se haga énfasis y sea prioridad en la conducta moral, el comportamiento ético, la trayectoria de buen ciudadano, la racionalidad y la sensibilidad humana.

Al parecer, por lo que estamos viviendo, en cuanto a ausencia de valores éticos, el requisito fundamental que debería prevalecer y exigirse como prioridad, para acceder al sector público, sin descartar también en lo privado, es que la persona cumpla con ser humano, que se diferencie de otros semejantes: robots, máquinas inteligentes, criaturas extraterrestres, ángeles y hasta dioses; con conciencia social de sí mismo, capacidad de pensar y actuar con libertad y sentido del bien común.