La falta de presupuesto, en unos casos, y problemas legales, en otros, son los obstáculos más frecuentes para el avance de las obras, entre las que se cuentan algunas consideradas urgentes. Mercados, hospitales, escuelas y vías figuran en la larga lista de contratos que no han llegado a la culminación.

Es urgente que se investigue, caso por caso, qué ha pasado, y que sea el mismo Estado, a través de sus órganos competentes, el que emprenda las medidas que correspondan. Que se identifique a los responsables y se los sancione, de ser necesario, pues es innegable que detrás de cada caso tienen que existir estudios mal elaborados, procesos mal encaminados, fiscalizaciones inadecuadas, negligencia o corrupción.

Las obras inconclusas tienen un precio muy alto, sobre todo para los ciudadanos, que no se benefician de ellas; pero también le cuestan al Estado pues, al estar abandonadas, se destruyen. Si a esto se suma el lucro cesante por el dinero que se invirtió en el contrato y los casos en que, a falta de las estructuras contratadas, las instituciones deben incurrir en gastos como arriendos o adecuaciones, el perjuicio es incalculable.

Hay que investigar y sancionar. Cada obra en abandono afecta a todo el país.