Los cargos fueron formulados contra Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P. y Hegel P., a quien una jueza dictó la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida del país por su presunta participación en la muerte del policía Froilán Jiménez y los soldados Darwin Panchi y Jacinto Cortez, durante la represión de unas violentas protestas de la Policía.

El 30-S es el nombre por el que se conoce en Ecuador los violentos disturbios que se produjeron en el país el 30 de septiembre de 2010, cuando una protesta laboral de policías se tornó violenta y el Ejército tuvo que rescatar al entonces presidente Rafael Correa de un hospital policial en Quito en medio de un amotinamiento.

"La protesta policial se produjo por la entrada en vigor de la Ley de Servicio Público, aprobada el 11 de agosto de 2010. Sin embargo, la versión oficial del Gobierno anterior fue que la revuelta fue un intento de golpe de Estado planificado", dice un comunicado de la Fiscalía.

Los hechos investigados por la Fiscalía ecuatoriana se produjeron en el operativo con el cual se extrajo del Hospital de la Policía Nacional al expresidente, operativo "en el que los hoy procesados estuvieron al frente de la cadena de mando para la ejecución del mismo", en el que murieron los tres uniformados.

En ese contexto, según el comunicado, Luis C. dirigió el operativo de extracción del exmandatario, el general Hegel P. era el comandante de la Fuerza de Tarea 4, el general de Brigada Jorge P. cumplía las funciones de director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), Vicente G. era comandante del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Mauricio M., comandante del Grupo Especial de Comandos.

Los sucesos aquel día están siendo revisados desde 2018, cuando se abrieron oficialmente causas de investigación ante sucesivas denuncias de oficiales de policía que fueron condenados por graves delitos contra la Nación.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló luego de que la investigación del caso permitiera el hallazgo de elementos de convicción que hacen presumir la participación de los procesados (en grado de autor o cómplice) en el delito imputado.

Ayer, la jueza Luz Ortiz dictó cargos para todos los procesados y dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 90 días. EFE