El pasado 19 de julio, el CNE aprobó un informe jurídico que proponía la suspensión, como medida cautelar, de los movimientos políticos antes mencionados y basó su decisión en las recomendaciones de cumplimiento obligatorio que hizo la Contraloría General del Estado. 

El ente regulador aseguraba que los movimientos fueron inscritos de manera irregular y pidió que sean eliminados del padrón electoral.

El informe jurídico del CNE detalló que se debían revisar las actuaciones administrativas "con las que se inscribió en el Registro de Organizaciones Políticas a los movimientos señalados". 

Mientras se cumplía ese paso, que incluía verificar la inscripción y analizar todas las acciones dentro del proceso, los grupos quedaban suspendidos. 

Sin embargo, el TCE, acogiendo un recurso del director del movimiento Justicia Social, Manuel Castilla, analizó el informe jurídico del CNE y concluyó que los razonamientos que se incluyen "no tienen el debido sustento ni la conexión lógica con los hechos y se limitan a señalar normas que a su criterio justifican la decisión", por lo que "podemos afirmar que la resolución PLE-CNE-7-21-2-2020 no es expresa, clara, completa, legítima y lógica". 

Fuerza Compromiso Social, uno de los partidos suspendidos, se perfilaba para ser el movimiento con el que el correísmo pretendía volver a la contienda electoral en 2021, pero la resolución del CNE, empezaron a ver a Centro Democrático, el partido de Jimmy Jairala, como plan B. 

"Parece que hay vestigios de decencia en el TCE", escribió el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter al enterarse de la sentencia del Tribunal.