En el próximo cuatrienio, el desafío para el mandatario que resulte electo en febrero del 2021 genera mucha expectativa, como también incertidumbre ciudadana por la difícil situación macroeconómica que se presenta cuesta arriba, la recuperación a todo nivel por la pandemia.
A pesar de ello, en los medios informativos, aparecen políticos entusiastas por alcanzar la Presidencia de la República. En la verificación que hace el Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 19 de mayo varias organizaciones políticas, cuatro de ellas nacionales, siete provinciales y dos cantonales no fueron aprobadas. Entre las exigencias principales están la entrega de firmas de respaldo, acta de constituciones con número de directivas, registro de afiliados de los movimientos y partidos políticos, declaración de principios ideológicos, programas de gobierno, órgano directivo, régimen interno y demás disposiciones del organismo rector del sufragio.
Sería saludable que los precandidatos surgidos de esas tiendas tuvieran una noción clara de las condiciones reales en las que se encuentra el país producto de la pandemia y las necesidades de la población, de las relaciones internacionales y de las proyecciones a mediano plazo en aspectos que inciden en el rumbo del país y sean capaces de sustentar propuestas integrales.
Hay que analizar a los postulantes capaces, honestos, serios y con visión de futuro. Nuestro pobre y rico país necesita una democracia en donde los ecuatorianos gocen de igualdad, derechos de participación. Las próximas elecciones se presentan como una oportunidad para elegir a personas honestas, probas y capaces de administrar el país.
Es muy notorio que las cosas han cambiado tanto que ese servidor mayor, al que elegimos con votos y goza de la confianza de los ecuatorianos, puede llegar a ser visto con recelo y esperanza.
Saliéndome del tema, con el debido respeto, preocupa mucho el altísimo nivel de corrupción enquistado en las administración pública. Con la llegada de la pandemia del COVID-19 surge otro acto repudiable, la adquisición de credenciales de discapacidad que fueron conseguidas fraudulentamente, entregadas a familiares de funcionarios públicos, lo que causa real indignación, que personas carentes de valores hayan aprovechado el poder político y económico. Los involucrados de estos actos dolosos deben rendir cuentas al pueblo.
Desde este sector, nuestro homenaje a los profesionales de la salud que se han entregado en cuerpo y alma para salvar vidas.
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