Actualizado hace: 25 minutos
Oswaldo C. Véliz Ortiz
Casos para Ripley

Si existiera un premio a lo inverosímil, nuestro país lo ganaría, por los casos que rayan en lo antagónico, contraviniendo a la Constitución concebida en Montecristi, a la medida de todos los sinvergüenzas que de una u otra manera continúan perjudicando al Estado y al pueblo ecuatoriano.

Martes 30 Junio 2020 | 04:00

Es increíble lo manifestado por el expresidente Gustavo Noboa Bejarano, sobre la ceguera de jueces y fiscales que conocieron las denuncias de la Contraloría, sobre el crimen de octubre del 2019, en que a vista de 17 millones de ecuatorianos, quemaron el edificio de la Contraloría, computadoras, muebles, documentos, vehículos etc., y no existan detenidos o sentenciados, ya que sus juzgadores no vieron nada.
Por respeto al pueblo y al Estado ecuatoriano, esos jueces y fiscales no sólo deben ser destituidos, como se lo pide a la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, esos funcionarios tienen que ser enjuiciados  y sentenciados  con el rigor de la Ley. Han actuado burlándose de las pruebas y evidencias aportadas en las denuncias y que a todo el país le consta, menos a ellos.
Cómo puede ser posible que los asambleístas que huyeron a México no estén destituidos y  lo peor de todo que continúan cobrando sueldos. Esto debe aclararlo el presidente de la Asamblea y si es verdad, todos los valores deberán ser glosados a quienes autorizaron esos pagos indebidos.
Hay una asambleísta sentenciada a ocho años de prisión, continúa en funciones ganando sueldos y los privilegios de que gozan los legisladores. Existe un asesor de asambleísta preso y el asambleísta también fue detenido. La exvicepresidenta destituida continúa como funcionaria pública en el SRI.
Se comenta que quien preside la comisión anticorrupción tiene un juicio por más de cuarenta millones de dólares. ¿Será verdad?
Con qué cara recibirá la prefecta de una provincia a sus colaboradores, autoridades nacionales y extranjeras, portando un grillete para que no fugue,  y que se presente cada cierto día ante un juez.
Para enmendar estos atropellos y actos de corrupción, los señores contralor, procurador, presidenta del Consejo de la Judicatura, están en la obligación de ejercer lo que tenga que ejercerse, para sancionar administrativa, civil y  penalmente a quienes sean culpables de las irregularidades expuestas; en lo relacionado a los señores asambleístas, tiene la palabra el señor presidente de la Asamblea Nacional.
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