Un vídeo publicado en redes sociales muestra a un supuesto agente de tránsito que explica a un ciudadano que están obligados a citar a un determinado número de personas, o de lo contrario los sancionan.

El caso se habría dado en Quito y motivó una reacción casi inmediata de las autoridades municipales de tránsito de la capital del país, que aseguran que tal sistema no se aplica en su jurisdicción.

Es prudente que haya una investigación sobre este tema, no sólo para desmentir o confirmar si se aplica o no en este caso particular, sino también para desterrar posibles mecanismos de afectación a los ciudadanos, pues un funcionario presionado para llenar un cupo de sancionados puede buscar cualquier falla, por mínima y solucionable que sea, para determinar infracciones que, tal vez, no existan.

La investigación debería extenderse a otros organismos de seguridad y vigilancia para, si es necesario, pulir el proceder de instituciones que están llamadas a trabajar en favor de los ciudadanos, no en su contra.