El actual CNE es inconstitucional, porque fue designado por el CPCCS-T con violación del Art. 210 inciso tercero de la Constitución, que ordena: “Quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos”. En este CNE, dos de los cinco miembros fueron parte del CNE inmediato anterior, el que presidía Gustavo Vega. Me refiero a Diana Atamaint, exviceministra de Agricultura con Correa, y José Cabrera Zurita, por el PSC. (El Universo, 28-X-2018, p. 3.) Esta designación viola además, entre otros, el Art. 424 de la Constitución, que dice: “Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”. Esta composición del CNE, y sus decisiones, al violar la Constitución, carecen de eficacia jurídica, y por lo tanto son nulas. Debería plantearse la nulidad de todo lo actuado por el CNE.
Recordemos que en las elecciones del 24 de marzo del 2019, para designar los GAD, mientras el INEC estableció que los mayores de 16 años eran 11’464.892 personas, el CNE subió esa cantidad a 13’261.994, inflando el registro electoral en 1’797.102 votantes fantasmas, adicionales o inexistentes.
Se estima que los mayores de 16 años son el 65,58% del total de habitantes del país. Para disponer de 13’261.994 votantes, la población nacional debería estar sobre los 20,2 millones de habitantes. Según el INEC, para noviembre del 2018, solo tenía 17’113.762 habitantes. ¡Se infló la población total del país en alrededor de 3 millones de habitantes!
Pero existe algo tan o más grave en los procesos electorales. La manipulación electrónica con un sistema trucado debe eliminarse. Alemania, Japón, España, Holanda, Islandia, y otros países, por experiencias amargas, ya no utilizan los procedimientos electrónicos porque se puede hacer ganar a quien tiene una mínima votación, y al revés. Desde 1978 y hasta 1996, el país tenía los resultados en menos de tres horas. Concluía la votación, se contaban las papeletas, y las copias de los resultados firmadas por los miembros de las Juntas Electorales se entregaban de inmediato a los partidos y medios de comunicación. Correa creó “juntas intermedias”, entregas de actas “solo para autoridades”, para adulterar los resultados. ¿La gente cree que Moreno y los 74 asambleístas de AP fueron en verdad elegidos? Sin fraudes electrónicos no hay mayorías legislativas para aprobar leyes delincuenciales con las que han saqueado el patrimonio social y nacional.
