Ante la presunta evidencia de esos cobros irregulares, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) anunció este jueves la apertura de un procedimiento para sancionar a esas clínicas.

Aunque recordó que en este caso no se puede imponer un control de precios a los servicios que prestan las clínicas privadas, SuSalud remarcó que estos no pueden ser lesivos para la moral, salud y seguridad pública, "sobre todo en tiempos de una crisis sanitaria mundial en la que los ciudadanos esperan un comportamiento ético".

Las irregularidades fueron advertidas el miércoles por la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas) en un informe de control tras solicitar a 18 establecimientos de salud privados información sobre la estructura de costos en relación al cobro del servicio por la prueba molecular a sus pacientes.

En el mismo informe señaló que tres de los cinco laboratorios acreditados por el INS inspeccionados no contaban con todos los requisitos para procesar las pruebas, entre ellos medidas de bioseguridad, condiciones ambientales y capacitación, "lo que pone en riesgo la fiabilidad de los resultados".

Las 19.746 pruebas PCR enviadas por el sector privado al INS entre el 6 de marzo y el 26 de mayo representan poco más de la quinta parte del total de pruebas moleculares procesadas por esta institución del Ministerio de Salud.

Por su parte, el INS recordó en un comunicado que el análisis de las muestras para diagnosticar COVID-19 "es un servicio totalmente gratuito, público e indispensable en el contexto de la pandemia" y rechazó que las clínicas cobren por servicios proporcionados a coste cero por el Estado.

En ese sentido, el ministro de Salud, Víctor Zamora, consideró que "es lamentable que, de ser así en algunos casos, el sector privado se haya aprovechado de esta situación para cobrar un bien que es público y que es para el bienestar de la población y para luchar contra una amenaza de todos".

La voz de alerta sobre esta situación presuntamente irregular la dio a mediados de mayo el congresista Arón Espinoza, quien pagó hasta 4.000 soles (1.166 dólares) por pruebas para su familia en una clínica privada y en cuyos resultado figuraba que el análisis había sido realizado en un laboratorio del INS.

La Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACEP) emitió un comunicado donde no descartó que sus miembros hayan cobrado un coste excesivo por la toma de muestras moleculares a domicilio, pero consideró que serían casos puntuales y no algo generalizado.

Este gremio recordó que el usuario que contrata a una clínica privada para que le tome una muestra de descarte de COVID-19 debe hacerse cargo de los honorarios del personal, su traslado y el equipo de protección usado. EFE