La Corte, en una resolución difundida hoy a través de internet, dispuso a las autoridades ecuatorianas que "suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior".

Además, la Corte ordenó que se suspendan las medidas emitidas por el Ministerio de Economía en lo que corresponde a los presupuestos de las instituciones de educación superior, "hasta que la Corte adopte la decisión" final sobre el fondo de la demanda.

Por ello, el Constitucional aclaró que su resolución "no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la presente acción de incumplimiento".

Precisó, no obstante, que en su análisis "ha verificado" que los argumentos presentados por los demandantes y otros hechos de "conocimiento público", se ajustan a los "requisitos para conceder una medida cautelar".

En el escrito, la Corte recuerda que el país se encuentra sometido a un estado de excepción desde el pasado 16 de marzo por la expansión del contagio del COVID-19 y que la demanda de medidas cautelares fue presentada el pasado 4 de mayo por el catedrático Pablo Dávalos y otros ciudadanos.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional se da luego de que grupos de estudiantes y docentes universitarios realizaran varias manifestaciones de protesta contra los recortes presupuestarios ordenados por el Ejecutivo.

El pasado lunes, un grupos de manifestantes, guardando normas de boseguridad como el uso de mascarillas y con distanciamiento físico entre ellos, se congregaron en las inmediaciones de la Universidad Central (Estatal) de Quito para rechazar los ajustes.

El profesor universitario Lenín Miranda, de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, indicó que la protesta obedecía a los permanentes recortes que el Gobierno ha aplicado contra los centros académicos.

"Ya tuvimos un recorte en diciembre y otro a principios de este año", reveló Miranda al señalar que un 30 por ciento de los profesores con contrato estaban en riesgo de ser desvinculados por la merma financiera ordenada por el Gobierno.

Según él, al parecer el Gobierno ha adoptado este tipo de recortes en áreas estratégicas, por la supuesta presión que tiene de acreedores nacionales y extranjeros para que el país reúna los recursos suficientes y pague la deuda exterior, en detrimento de sectores básicos como la educación. EFE