Las llamadas contribuciones de empresas y trabajadores se suman a la carga impositiva que los ciudadanos han asumido por años. Y no es que no esté mal que se lo haga; lo que no está bien es que se recurra frecuentemente a ellos para cubrir el déficit presupuestario y los fallos financieros del sector estatal.

El presidente, los ministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo se reducen los sueldos a la mitad, pero no es suficiente con ello mientras se mantenga inflado el aparato estatal. En tiempo de crisis, se requiere que todas las funciones del Estado aúnen esfuerzos para reducir gastos y optimizar el trabajo de las instituciones.

Por otra parte, la lucha contra la corrupción debe ser frontal y sin tregua, para que los recursos que deben estar destinados a atender a la población no se dilapiden en contratos irregulares.

El Estado, y no exclusivamente el Ejecutivo, debe demostrar corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones a la crisis. El aporte para salir de los problemas debe ser de todos.