El ministro de Finanzas, Richard Martínez, manifestó el pasado jueves que los decretos sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles, "están en marcha".

Y la respuesta de los dirigentes indígenas, que canalizaron la protesta social desatada el año pasado, no se hizo esperar.

Al respecto, Vargas avanzó que la decisión supondrá "un golpe mortal" y que el Gobierno "todavía no ha aprendido la lección del mes de octubre".

El presidente ecuatoriano tomó entonces esa decisión en línea con un fuerte ajuste presupuestario y tras acordar con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), programas de financiación por unos 10.200 millones de dólares.

Los disturbios que provocaron esa decisión que afectaba en buena medida a las clases desfavorecidas que suelen ser las que más emplean el transporte público, al tratarse de la gasolina extra y el diesel, llevaron a Moreno a pactar con los sectores sociales su marcha atrás a fin de pacificar el país de las protestas más violentas registradas en décadas.

El presidente de la Conaie recordó que "la clase media y baja han sido las más afectadas" en la crisis económica y sanitaria que vive Ecuador por la propagación del COVID-19, que hasta el momento se ha cobrado la vida de 2.127 personas, según el último parte del Gobierno.

Vargas también mostró su apoyo a los estudiantes universitarios, que se manifiestan desde hace una semana contra la reducción presupuestaria prevista para una treintena de instituciones académicas.

"Más vale seguir luchando que morir por el COVID-19", añadió el líder indígena y afirmó que las nacionalidades originarias del país no han contado con el respaldo del Ministerio de Salud para encarar la pandemia, para la que han creado protocolos de seguridad con el aval de la OPS.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Marlon Vargas, censuró el hecho de que pese a que las autoridades han cerrado los ingresos a las comunidades amazónicas para evitar contagios de coronavirus, "las empresas mineras, petroleras y madereras han seguido entrando a estas zonas".

Esta organización regional que representa a cerca de 1.500 comunidades amazónicas, registra 47 contagiados por el COVID-19, de los que 15 pertenecen a la nacionalidad Siekopai, 15 Kichwa del cantón Santa Clara, 14 en la provincia de Napo, dos de la nacionalidad Achuar y uno del pueblo Shuar.

Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), aseguró que hay más de 100 positivos del pueblo Huancavilca en la parroquia Chaduy, y que en la comunidad Chachi existen varios casos.

El coronavirus SARS-CoV-2 encontró a Ecuador en una muy debilitada situación financiera por la deuda arrastrada del anterior Gobierno, y los gastos directos de la pandemia con la casi completa paralización económica desde el 16 de marzo (Ecuador perderá alrededor del 6,3 % de PIB, según el FMI), que han llevado al país a solicitar más crédito para superar lo que de otra forma sería una bancarrota.

Los subsidios a la gasolina y el diésel fueron introducidos en Ecuador en 1974, y desde entonces, ningún gobierno ecuatoriano ha acometido reforma sustancial alguna sobre la materia.

El centro de pensamiento político Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos consideró en un documento publicado en noviembre pasado que el sistema de subsidios es "muy costoso fiscalmente para el país, ineficaz y socialmente regresivo, que impulsa el contrabando y dificulta el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones de CO2". EFE