En las actuales condiciones, las leyes tienen un efecto disuasivo sobre las intenciones de invertir en Ecuador. El Código de Trabajo, elaborado en la tercera década del siglo pasado, ha sufrido una serie de reformas, pero termina siendo injusto con los empleadores.

Lo inflexible del código impide cambiar las formas de contratación y el establecimiento de condiciones propias para el trabajo, no protege a las empresas y, más bien, propicia la confrontación con los trabajadores.

Con la crisis generada por la propagación del coronavirus, la mayoría de las empresas ecuatorianas se han sumido, también, en una crisis económica sin precedentes debido a que debieron parar sus procesos productivos y restringir las ventas. El Gobierno ha planteado algunos cambios con el fin de mantener el empleo y evitar la quiebra de empresas, pero, aparte de ello, es la oportunidad para tener un entorno laboral más flexible y atractivo para todos.

Es la oportunidad para que los legisladores se despojen de posiciones ideológicas y de cálculos electorales, y analicen las conveniencias de tener un país más atractivo para la inversión.