Expertos económicos dicen que Ecuador atraviesa tres crisis: la de la salud, con 8.450 casos de COVID-19 confirmados y el servicio sanitario colapsado; la económica, con deudas y bajos ingresos, y la crisis social, ecuatorianos que claman por ayuda, sobre todo en la provincia de Guayas, que concentra 5.777 casos de coronavirus, pero que -a la vez- rechazan que el “Gobierno les quite más plata”. 

Una de ellas ha sido la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien -aunque solo ha abogado por la urbe que representa-, solicitó al Gobierno del presidente Lenín Moreno que se exonere a Guayaquil de pagar más impuestos, por ser la ciudad del epicentro de la pandemia. 

Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, señala que la Asamblea debe archivar el proyecto de Ley de Contribución. 

“No cabe tratamiento por partes, eso es un engaño, debido a que varios artículos buscan: quitar liquidez, reducir sueldos de forma indefinida, reducir sueldos de todos los trabajadores del sector privado y manejar desde el sector privado los impuestos disfrazados de contribuciones”, comentó. 

De su lado, el denominado Colectivo Unitario Nacional, pidió la renuncia del ministro de Economía, Richard Martínez. Afirman que hay un “modelo neoliberal fracasado”. 

Según la organización, se está acumulando, como en otros momentos, un malestar por la falta de justicia social y advierten que si no se recogen sus propuestas, el próximo viernes 1 de mayo expresarán su descontento, de la manera en la que puedan. 

En total, 13 planteamientos presentaron en una carta dirigida al presidente Moreno, entre ellas: no pagar la deuda externa, evitar la fuga de capitales, derogatoria de los acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio del Trabajo sobre el despido de trabajadores, recuperar recursos de la corrupción, renegociar contratos petroleros con empresas chinas.

El proyecto de Ley señala que durante los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley, estará prohibido el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo telecomunicaciones. 

Otra medida que plantea el Ejecutivo en el proyecto es que durante el tiempo que dure el estado de excepción, las compañías aseguradoras privadas no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas de seguros de salud ni los contratos de medicina prepagada, ni suspender la cobertura de las mismas, si es que se presentan atrasos de hasta 60 días, adicionales a los que se establezcan en los contratos. 

El documento señala que los valores no pagados se prorratearán para los meses siguientes sin cobro de interés por mora. 

El presidente Lenín Moreno envió la noche del pasado jueves este documento a la Asamblea, con carácter económico urgente. Esto implica que debe ser aprobado por el Legislativo en una período no mayor a 30 días. De no hacerlo, el proyecto de ley será publicado en el Registro oficial bajo la figura del Ministerio de la Ley.