La respuesta a las incógnitas planteadas se encuentran en el nivel de importancia que se le asigna a la agricultura, como ha dado el Gobierno español en un Real Decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros en pleno y ratificado por el Rey Felipe VI, en el que ha destinando la increíble cifra de cien mil millones de euros, a entregarse en gran porcentaje a las empresas que operan en el campo, incluyendo agricultores individuales, para fortalecer la  liquidez de las cadenas agroalimentarias, evitando que quiebren y que despidan a sus trabajadores. Paralelamente aprobó una línea de avales y garantías del Estado por 100.000 millones de euros, que a la vez movilizaría entre 150 y 200 mil millones, siempre con el respaldo del Estado, además de 2.000 millones para las pequeñas y medianas empresas exportadora.

Guardando las distancias y proporciones, el ministro de Agricultura ecuatoriano, Xavier Lazo, mediante oficio No. MAG-2020-0218 de 17 de marzo, solicita a la Superintendencia de Bancos que ajuste los “criterios de calificación para activos de riesgo, constitución de provisiones, temas de administración de riesgos, riesgo de crédito y operativo para la banca pública, de manera flexible acorde a la realidad” típica de la agricultura, recalcando que “siendo un sector tan sensible  más aún en un periodo de crisis el tratamiento de las propuestas de refinanciación de deudas no pueden ser iguales a otros tipos de créditos, pues en un momento como este, el agro es un aliado estratégico para enfrentar y superar la crisis”.

Encuentro, sin embargo, una soledad y falta de solidaridad de sus colegas de gabinete para abogar a favor del sector, no hemos escuchado el pronunciamiento  del presidente de la República, cuya actitud favorable es necesaria para alcanzar líneas de crédito, mecanismos de liquidez y reestructuración de pasivos de las explotaciones agrarias en mora, con nuevos empréstitos.