Se perpetraron aleves ataques a la propiedad pública y privada. Los destrozos en la Asamblea Nacional, la Contraloría y otras entidades comprueban que no solamente hubo un afán sano de protestar sino que existió injerencia de otros intereses. Hubo grupos que sembraron caos, terror, destrucción, dolor.

No puede atribuirse esto a las protestas de indígenas ni a los transportistas ni a los movimientos sociales. Es necesario que se investigue a fondo lo ocurrido, que se encuentre a los responsables y se los sancione. Si, como asegura el Gobierno, hay autoridades y personajes públicos involucrados, que se los sancione. Los jueces deben hacer su parte sin más miramientos que la necesidad de hacer justicia por el país.

Eso sí, es preciso solicitar, también, que la investigación no se convierta en una cacería de brujas ni en persecución política. Si alguien es responsable de un delito, debe pagarlo, siempre y cuando existan pruebas contundentes e irrefutables de ello; pero que no pesen las ideologías ni el revanchismo político. Esa debería ser una ya superada etapa en la vida política del país.

Los temibles momentos que enfrentaron los ecuatorianos durante los once días que duró la protesta dejaron un saldo lamentable en pérdidas y dolor. Nunca más deberían repetirse.