Eso es lo que Ecuador necesita en estos tiempos de crisis, pues el actual marco legal, en gran medida, frena las iniciativas en este sentido.

No es conveniente para el país que los niveles de desempleo o de empleo no pleno aumenten, pues con ello incrementa las cifras de pobreza; ni que se deje de percibir recursos por la falta de inversión originada por la desmotivación de los empresarios.

Las cifras oficiales señalan que alrededor de cinco millones de habitantes de Ecuador están desempleados o no tienen un empleo pleno. El Gobierno ha adelantado que las reformas en el ámbito del trabajo incluyen la simplificación de trámites, la inclusión, la equidad de género y nuevas modalidades de contratación, pero conserva lo referente a la jornada laboral.

En lo tributario, es conveniente que también haya simplificación en los trámites, que disminuya la carga impositiva y que se otorguen incentivos a quienes invierten, entre otros cambios.

La Asamblea deberá analizar los cambios a la luz de lo que requiere el país, no de las posiciones ni de las presiones políticas.

Las reformas deben llevar a una mejora en las condiciones de inversión, que beneficien a todos, tanto a los empresarios como a los trabajadores y al Estado. Que sea lo mejor para el país.