Ha sido un reclamo permanente. Entre otros fondos, los GAD reciben alícuotas mensuales, determinadas por la Constitución. Además, hay rubros como la devolución del IVA, acciones de empresas eléctricas, créditos no reembolsables y otros, que deben asignarse. Sin embargo, los pagos no se cumplen con la periodicidad que establecen las leyes.

Hasta hace un mes, los gobiernos parroquiales decían que el Gobierno les debía cerca de 100 millones de dólares, y los gobiernos provinciales reportaban 313 millones.

El endeudamiento del Estado con los GAD muestra cómo el centralismo maneja los recursos que deben servir para atender las necesidades de las poblaciones en todo el país. El Estado acapara los fondos y los desembolsa a conveniencia de los funcionarios encargados de distribuirlos. De esta forma, las prioridades no siempre se establecen con justicia.

Cabe insistir que se debe cambiar la estructura para permitir un Estado descentralizado. Es necesario que los GAD asuman nuevas competencias, con los recursos necesarios, para trasladar el poder hacia lo local. La condición de autónomos y descentralizados debe dejar de ser parte del membrete.