Pese a que el Gobierno se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión, las restricciones para el acceso a la información continúan, sobre todo en el sector público. Este problema no afecta solamente a la actividad de los periodistas, sino también a los ciudadanos, tanto a quienes acuden a las entidades en busca de información de su interés, como a los que buscan conocer a cabalidad lo que ocurre a través de los medios.