La norma, ratificada el pasado verano por el Senado, define la prohibición como “parcial”, y no “total”, porque solo limita el uso de estas prendas en áreas públicas como escuelas, hospitales, transporte público y edificios gubernamentales.

Aunque estaba previsto que entrara en vigor a principios de julio, las escuelas pidieron un aplazamiento de la entrada en vigor de la norma para que su aplicación no complique el final del curso escolar, provocando tensiones con las madres que utilizan la prenda islamista del burka o niqab.

Sin embargo, todavía sigue habiendo dudas sobre cómo se exigirá, en la práctica, el respeto de la ley, cuyo incumplimiento está penado con una multa de 150 euros, y solo está permitido su uso cuando se trata de la protección del cuerpo por salud.