Su disolución fue por irregularidades en su legalización, ya que es la única entre 48 organizaciones civiles registradas en la Cancillería que no trabaja en ámbitos de migración y ni siquiera consta con un domicilio válido. 

Entre tanto, la investigación sobre el financiamiento venezolano continúa en la Fiscalía con un caso por posible fraude tributario.  Todo debido a una transferencia bancaria de 281 mil dólares enviados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, dinero del que no se conoce su origen. Según dio a conocer en marzo el gobierno de Lenín Moreno, el dinero fue a cuentas de Correa, del actual prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, del excanciller Ricardo Patiño; entre otros exfuncioanrios de ese régimen.