El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, ha ha anunciado una campaña para reunir cerca de cuatro millones de firmas para que se convoque a una Constituyente. Lo dice cuando en la Asamblea Nacional se mueven las fichas para su juicio político por incumplimiento de funciones.

En las condiciones económicas que atraviesa el país, un proceso de consulta y, después, otro de elecciones no les conviene a los ecuatorianos que son quienes, finalmente, deben pagar indirectamente el precio económico y político de esas decisiones.

Es cierto que el país requiere reformas jurídicas profundas, pero no para convocar a una Asamblea Constituyente. El Gobierno no debe volver a caer en manos de fuerzas totalitarias, con tintes dictatoriales, de cuyo lado está la mayoría de vocales del llamado quinto poder.

Lo que debería hacer la Asamblea es promover reformas legales y constitucionales justas, que restituyan derechos y resanen el daño que se hizo con normas dictadas a conveniencia del gobierno de turno.

Una de esas reformas debería llevar, como se ha sostenido en esta columna, a la eliminación del Consejo de Participación, pues se lo creó como una herramienta política para fortalecer el aparataje proselitista del régimen anterior.