Según el artículo 66 de esa normativa, esto implica fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona de influencia de obras públicas, al valor de la fecha del anuncio público de las respectivas obras, a fin de evitar el pago de un sobreprecio en caso de expropiaciones inmediatas o futuras. En el caso de no concretarse el proyecto anunciado en el plazo establecido -3 años- quedará sin efecto.

MuchoUCHO TIEMPO.  Para la ciudadana Tatiana Nevárez los tres años que establece la ley es mucho tiempo, pues considera que es un perjuicio para los propietarios congelar el avalúo de los terrenos “por un por si acaso quiero construir allí. Estoy de acuerdo con las expropiaciones si son para bien ciudadano y siempre y cuando sea con proyectos ya programados, es decir que cuenten con los recursos y todos los instrumentos listos para hacerlo”, acota. 

Nevárez cree que las expropiaciones son de doble filo y si se hacen deben ser de inmediato para que el ciudadano pueda hacer su futuro. “Esto también es un juego, porque cuando se tiene información privilegiada mucha gente se beneficia”, sostiene Nevárez.  Asegura que “el Gobierno municipal está mostrando a la ciudadanía obras muy bonitas, pero que a papel y 

mano alzada todo es muy bonito”.

Para la exalcaldesa Patricia Briones el tema debe manejarse con flexibilidad. “Para las personas que tienen sus inversiones y sus terrenos va a ser un poco fuerte porque tener congelados tres años sus bienes va a hacer sufrir al ciudadano”, comenta. 

Detalla que “todos tenemos la obligación de aportar, pero tampoco el ciudadano puede dejar de percibir por un terreno que es una inversión”. Agregó que “está bien que se planifique, pero que se lo haga con recursos, porque estamos hablando de tres años. Si no hay recursos el ciudadano perdería la oportunidad de aumentar sus inversiones”, explica.

Sin embargo, el abogado Edison Cevallos señala que la figura es beneficiosa, ya que el propietario del bien donde se anuncie un proyecto no se verá afectado por el ajuste que el municipio hace cada dos años del avalúo. Agrega que la medida no fuera positiva si el GAD dejara de hacer obras de servicio en esa zona.

 

 AVALÚOS.  David García, procurador síndico del cabildo, afirma que la ley permite negociar hasta un 10% más del avalúo catastral, pero con criterios técnicos. 

El plan de uso y gestión de suelo forma parte del Plan de Desarrollo Cantonal 2035 que el GAD espera aprobar en octubre. A partir de esa fecha se podría aplicar la figura del “anuncio del proyecto”.