En oficinas zonales de Manabí, como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura y Patrimonio, la ex Secretaría Técnica de Drogas, y otras, incluso no han manejado presupuesto con autonomía en diez años (2008-2017).

La provincia de Pichincha, donde están ubicadas la mayoría de las oficinas centrales de los entes estatales, es la que ha recibido más recursos (ver infografía). 

Fressia Villacreses, exdirectora de la Delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Manabí,  considera que el centralismo cada vez es más grave y critica que la sociedad se ha acostumbrado y está asumiendo esto como normal.

Dice que los directores de las instituciones que cuentan con oficinas en Manabí tienen solo cierto nivel de decisión. 

“Hay instituciones que para comprar una pluma (esferográfico o lápiz) o papel higiénico tienen que pedir permiso a Quito”, indica.

Villacreses afirma que en los 4 meses que estuvo en el CNE transitorio tuvo la autorización de realizar cambios, pero luego asumió el CNE definitivo y llegaron funcionarios de Quito que cambiaron las reglas. 

“Yo no hubiera podido trabajar en esas condiciones que tenía que llamar a Quito para cualquier cosa”, menciona.

De hecho, la aprobación de los partidos políticos, de la directiva y el pautaje que hicieron los candidatos en las últimas elecciones se aprobaron en la capital, asegura.

 

Casos. El plan de inversiones nacionales revela que en agricultura, pesca y desarrollo la inversión en Manabí fue de $ 490’591.053 en diez años, mientras que en Pichincha se invirtieron $ 535’945.193, en el mismo tiempo. Es decir, existe una diferencia de $ 45’354.140 menos para Manabí, a pesar de que es la provincia con mayor superficie de labor agropecuaria con 1’097.926 hectáreas, mientras que Pichincha posee 211.645 hectáreas, según el INEC.

En la contratación pública también hay casos que molestan.  David Cobeña, presidente del Colegio de Arquitectos de Manabí, pone ejemplos sucedidos tras el terremoto del 2016.

Luego de la tragedia, varios manabitas con sus maquinarias empezaron a desalojar los escombros sin cobrar ningún valor, pero en pocos días fueron apartados porque llegaron maquinarias de otras provincias, que cobraron altas sumas de dinero para las demoliciones.

Cobeña lamenta que no se haya tomado en cuenta la Ley de Solidaridad, en la que consta que para la reconstrucción se tenía que priorizar empresas, profesionales y prestadores de bienes y servicios locales.

“Las grandes empresas de Guayas, Pichincha y Azuay fueron las encargadas de este proceso”, recuerda.

Calcula que un 70 por ciento de las consultorías que se contratan desde Manabí, tanto por los municipios como por entes estatales, lo realizan empresas de  otras provincias. Cree que lo mismo ocurre en la contratación de obras.

Jorge Arteaga, ingeniero eléctrico, coincide con esto y pone de ejemplo el Plan Priza. 

La construcción de redes subterráneas eléctricas y redes de telecomunicaciones de Calceta fue contratada por el consorcio Evisa-Suprel, de Guayaquil, por un monto de 1’185.189,16 dólares, cita como ejemplo.

“¿Por qué la obra no fue contratada por una empresa manabita?, si existen 3.181 ingenieros civiles, 1.500 arquitectos, 900 ingenieros eléctricos (agremiados) que no fueron tomados en cuenta en estos millonarios contratos”, cuestiona. 

Para él, esto se debe al centralismo y a que “Manabí no ha tenido quién lo represente, quién lo defienda”.

Luis Miranda, presidente de la Cámara de la Construcción de Portoviejo, señala que el tema es preocupante, y cita otros ejemplos.

Asegura que antes, la contratación de casas en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda la realizaba la dirección provincial, pero ahora el proceso se hace en Pichincha.

Agrega que la contratación de la reconstrucción del aeropuerto de Manta la hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde planta central (Quito).

“Tenemos las oficinas, técnicos, la dirección financiera, para llevar a cabo estos procesos, lo cual permite dar una agilidad y sobre todo que los proveedores locales puedan presentar sus ofertas”, dice Miranda.

Bruno Poggi, exministro de Vivienda (2004-2005),  recuerda que en el tiempo que asumió ese cargo “no había un solo dólar para Manabí” en esa dependencia. Cuenta que debió tomar decisiones para que existieran fondos para obras en la provincia.

Asegura que si los manabitas no están en altos cargos es complejo que se destinen fondos para la provincia, de forma igualitaria y justa. “Los puestos de poder se definen en las centralidades y con gente que responde a ellas”, señala.

“Más del 50 % de las obras manabitas las contrata gente de afuera. Tenemos posibilidad de contratar las obras que nos dejan las empresas de Quito y Guayaquil y que son de menor valor”, indica.

 

Recursos.  Según la Senplades, desde el 2011 se aplica en Ecuador el Modelo de Equidad Territorial, con una transferencia del 21 por ciento de ingresos permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Antes era el 15 %.

Carlos Intriago Macías, uno de los impulsores de la idea del autonomismo y la descentralización, cree que ese porcentaje se debe incrementar progresivamente porque, aunque se ha avanzado, aún es insuficiente. Se debe dar más competencias y recursos a los gobiernos cercanos a la gente para combatir la corrupción, que se gesta en el centralismo, y para trabajar la igualdad de oportunidades y de desarrollo que hoy no existe, manifiesta.

“Del 100 por ciento de lo que maneja el Estado, el 80 por ciento debe ser manejado por los gobiernos locales, solo el 20 por ciento debe quedar en el Gobierno central y para los temas estratégicos, dice Intriago. 

En países desarrollados, como Dinamarca, de cada 100 dólares que recauda  el Estado por impuestos, 64 van a los municipios, es decir, el 64 %. Esto, porque existe un alto nivel de entrega de competencias y servicios a lo local. 

En Suecia la distribución es del 47 %, es decir, que de cada 100 dólares, el Gobierno traspasa 47 dólares al Gobierno local, según el informe de financiación de los gobiernos locales de Thomson Reuters.

 

 Otras áreas.  Pero el centralismo no solo se evidencia en la inversión pública, sino en cientos de acciones del día a día.

La entrega de información también está centralizada y se debe solicitar a Quito en varias instituciones. Para este reportaje, por ejemplo, se solicitó información en la oficina del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) en Portoviejo, sobre los mayores proveedores de obras en Manabí, pero no se proporcionó datos porque los debía dar la matriz. Las consultas que se enviaron no tuvieron respuesta.

Funcionarios de varios ministerios e instituciones,  como Contraloría y Fiscalía, también niegan información asegurando que solo la puede proporcionar “Quito”.