La jornada de fiesta para esta comunidad se llevó a cabo en el Registro Oficial del Estado, que publicó en sus anales la histórica decisión del pasado 12 de junio de la Corte Constitucional que permite, por primera vez en este país, el casamiento de parejas del mismo sexo.

Horas después de conocerse la publicación, las primeras parejas acudieron a los oficinas del Registro Civil para pedir cita, entre ellas la activista Pamela Troya, promotora de la lucha por el matrimonio igualitario en 2013.

En declaraciones a Efe, explicó que se desconoce aún cuándo se concretará el primer matrimonio, pero ella prevé casarse el 5 de agosto, por ser "una fecha emblemática". Ese mismo día, ella y su pareja iniciaron la batalla legal hace seis años.

Con la publicación de la sentencia, el Registro Oficial ha puesto fin a las dudas de cuándo exactamente entraba en vigor el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues unos expertos consideraban que el mismo 12 de junio y otros que sólo con su difusión oficial.

En cualquier caso, las primeras parejas se pudieron registrar este martes en Quito después de que el propio Registro Civil las invitara a "acercarse a la institución para conocer los requisitos, costes y agendar su cita".

En un mensaje por redes sociales, les notificó los horarios de atención, el valor de la tasa matrimonial para ceremonias en la sede del Registro, 50 dólares, y fuera de sus instalaciones, 250 dólares.

A la hora de casarse, las parejas deberán presentar el comprobante de pago, así como la cédula de identidad de ambos contrayentes, que deberán ser mayores de 18 años.

Igualmente les informó que la cita se puede tomar con una antelación máxima de un mes y que, en caso de que uno de los contrayentes o testigos no hable español, debe contar con traductor.

La invitación se encontró con algunos obstáculos en Guayaquil, ciudad portuaria mucho más conservadora que Quito y donde algunos funcionarios dilataron la concertación de citas.

"A una pareja lésbica y a otra de gays les han dicho en el Registro de Guayaquil que tienen que esperar a que les llamen, cuando en otros módulos estaban dando citas a las parejas heterosexuales", denunció Dianne Rodríguez, presidenta del colectivo Silueta X.

La activista aseguró que el primer objetivo después de la publicación de la sentencia es verificar la "ejecutabilidad" en todos las oficinas del Registro del país, para impedir que funcionarios que se opongan a la decisión judicial abusen de su cargo "arbitrariamente".

El reconocimiento del matrimonio homosexual fue posible después de que el Constitucional aceptara la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en enero de 2018 refrendó los derechos de la población LGBTI a la igualdad y no discriminación.

La larga lucha judicial de esta comunidad en Ecuador comenzó en 2013 y en 2018 dos parejas apelaron a una corte provincial contra el Registro Civil.

Esta instancia remitió el caso al Constitucional, que por cinco votos a favor y cuatro en contra aceptó la opinión consultiva.

Ante la gran polémica, al presidente Lenín Moreno le llevó hasta ocho días anunciar que su Gobierno acataba la sentencia, y en el último mes grupos a favor y en contra se han manifestado por las calles de las principales ciudades.

Unas concentraciones que se prevé continuarán, si no por el matrimonio igualitario, desde luego cuando los grupos LGTBI comiencen su lucha por la adopción.

"Las parejas heterosexuales tienen ese derecho... ¿por qué nosotros no? Queremos acceder a ese derecho", aseguró a Efe Rodríguez.

Troya coincidió en que, si bien este es un día de alegría, la batalla por los derechos de la comunidad no ha concluido.

"Es un gran paso -dijo- pero no es que se acaba la lucha. Aún debemos conseguir una igualdad material en todos los sentidos, que seamos tratados como ciudadanos de primera en todo ámbito".

Y denunció a grupos conservadores y religiosos que recientemente demonizaron a los homosexuales porque querer casarse "para después adoptar hijos y transexualizarlos".

La posibilidad de la adopción se perfila aún lejana en la legislación ecuatoriana porque no hay una opinión consultiva al respecto de parte de la CorteIDH y hasta el mismísimo presidente de Ecuador, en su discurso del 20 de junio, advirtió que "precautelaría" a los menores.

Para Rodríguez, sin embargo, la legalización del matrimonio es un impulso que su comunidad no debe desaprovechar, además de que en estos momentos, según dijo, cuentan en la Corte Constitucional con una mayoría de jueces progresistas. EFE