Quienes ejercieron la Presidencia de la República prestaron un relevante servicio al país y llevaron sobre ellos una gran responsabilidad que, incluso después de haber fenecido sus períodos, sigue siendo importante. Continúan, de alguna manera, representando al país, ya como exmandatarios, en entrevistas, paneles y otros eventos.

Además, por su condición, requieren protección y el Estado no se la provee en forma permanente.

Solamente estos dos rubros demandan trabajo y gastos, lo cual justifica que se les asigne una pensión.

Eso sí, este beneficio debería ser intransferible, no susceptible de acumulación y tampoco debería heredarse. El derecho a la pensión, contrario a lo que ocurre ahora, no debe extenderse a los familiares después de la muerte del expresidente y su cobro debería delegarse únicamente en caso de incapacidad absoluta.

Debería definirse, además, si una misma persona que se desempeñó como vicepresidente y como presidente puede cobrar ambas pensiones o solo una de ellas; además, que si alguien que no cumplió el período completo debe cobrar la totalidad de la pensión o una parte proporcional.

Ahora, cuando el país vuelve a hablar sobre la conveniencia de retirar la remuneración a los expresidentes, se debe recordar que su alta representación los convirtió en personas relevantes para Ecuador, muy aparte, incluso, de sus acciones políticas y su grado de popularidad.