Han surgido enormes posibilidades para que en Manabí se implanten las denominadas ciudades alimentarias, frase que alude al desarrollo de áreas campesinas compactas con infraestructura suficiente como para crear unidades productivas agropecuarias y agroindustriales rentables, con suficiente oferta como para proyectarlas con éxito hacia la exportación, la existencia de buenas carreteras que lleven sin estropeo las mercancías a puertos cercanos es indispensable.
En esa tónica ha fructificado la idea de aprovechar los terrenos donde se iba a construir la fallida refinería de petróleo en El Aromo, que reúne condiciones apropiadas.
Pero no solamente es en ese sitio donde podrían adelantarse estos planes de desarrollo sino en varios otros de la provincia, siempre y cuando cuenten con suficientes disponibilidades de riego, facilidades de drenaje, buenos y fértiles suelos, mano de obra suficiente, empresarios abiertos a la adopción de avanzadas tecnologías, seguridad jurídica para la vida y las inversiones. Los capitales requeridos pueden ser de origen nacional o dar cabida a la inversión extranjera, casi inexistente en el sector agropecuario.
Un requisito fundamental debería ser que los promotores asuman la industrialización y comercialización de los productos a obtenerse, de tal manera que los ingresos de los empresarios agrícolas involucrados tengan la certeza de la venta final de las cosechas frescas o procesadas, indispensable para dar sustentabilidad a la propuesta, combatir la pobreza y garantizar el bienestar de los intervinientes.
Desde luego, el Estado tiene también su rol creando los ambientes seguros, financiamiento para las viviendas de los trabajadores y sus familias, con todos los servicios de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, escuelas y colegios, pues se trata de centros que contarán con una significativa población que vivirá en las cercanías de esos núcleos productivos. Proyectos de este tipo generan miles de plazas de trabajo digno, permanente y bien remunerado que demandarán tranquilidad y comodidad para el rendimiento laboral.
Los protagonistas deberían ser elementos privados responsables de todas las fases, dejando para el Estado sólo la promulgación de normas y reservarse los controles que los mercados exigen para los bienes agroalimentarios. Se conoce de manera pública que muchas empresas han manifestado su interés en firme por emprender significativas inversiones. De una u otra manera será necesaria la voluntad política de los gobiernos nacionales y descentralizados, que deben apoyar estas iniciativas.
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