Tres años luego del terremoto se puede evaluar y llegar a la conclusión de que la ley para recaudar dinero para la reconstrucción fue un acierto del expresidente Rafael Correa y la Asamblea Nacional. Pero luego, la implementación,  especialmente durante su gobierno, fue desastrosa.

Desde esta columna se criticó la falta de priorización de las obras, el absurdo sistema ultra concentrador y corrupto para entregar las viviendas, que el Comité de Reconstrucción, hasta la fecha, no haya sido presidido por manabitas, sino que por políticos con sede en Quito; entre otros errores.

El terremoto del 16 de abril del 2016 dejó lecciones que parece no haber sido aprendidas ni por las autoridades ni por gran parte de la población, pues la prevención de desastres y la recuperación de los daños siguen siendo parte de una agenda inconclusa tres años después.

Aún hay recursos por administrar durante los siguientes años. Están los fondos propios de la ley y los provenientes de ayuda internacional. 

A los tres años cabe un ajuste a la ley para asegurar que esos fondos estén disponibles (quizás a través de un fideicomiso, como siempre debió ser) para que haya líneas de crédito que ayuden a los pequeños y medianos empresarios, para priorizar el uso del dinero y en general, para enfrentar los ridículos atrasos en la reconstrucción de edificios destruidos que fueron pagados por las compañías de seguro (IESS, Palacio de Justicia, Palacio Municipal de Portoviejo, etc), en fin, una reforma a la ley para completar el proceso con la visión diferente que hay a los tres años del sismo.