Para esto es necesario que existan instancias policiales y judiciales especializadas en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, campo en el que se demanda una permanente actualización, dada la vertiginosa rapidez con la que evoluciona esta área.

La vulneración de la privacidad es un delito frecuente en todas las esferas. Hace pocos días se difundieron fotografías personales del Presidente de la República y algunos de sus allegados, obtenidas supuestamente por la intromisión en sus teléfonos celulares.

La estafa se comete, también, con mucha frecuencia y quienes lo hacen suelen valerse de las redes sociales y el correo electrónico.

No han sido pocos los casos de extorsión y acoso sexual a través del mismo medio.

La tecnología se ha convertido en una aliada porque facilita muchas tareas, pero hay que utilizarla con precaución. En tiempos de la web semántica, la personalización de datos toma en cuenta la huella digital que dejan los usuarios al navegar por internet, por ejemplo. Las redes sociales permiten conocer datos personales de miles de personas, sin necesidad de tener una base de datos para ello.

Las personas deben tomar precauciones pero desde el ámbito legal también es necesario aplicar leyes rigurosas que castiguen las acciones ilegales a través de medios informáticos. Los legisladores tienen la palabra.