La organización, que ha respaldado desde el primer momento el proceso de paz con las FARC, insistió una vez más en la importancia de que se apruebe de una vez por todas la Ley Estatutaria de la JEP, objeto de intensos debates entre los grupos políticos colombianos.

 

Casos. La JEP es la justicia especializada para investigar y juzgar crímenes cometidos no solo por la exguerrilla, sino por otros actores del conflicto en el país y, pese a la falta de esa ley, ya está trabajando en siete grandes casos que afectan a 820 mil víctimas.

Esta semana, la Cámara de Representantes rechazó las objeciones que el presidente del país, Iván Duque, hizo a seis de los 159 artículos de esa legislación y ahora el país está pendiente de que el Senado se pronuncie.

La legislación es, según Naciones Unidas, un instrumento “necesario para garantizar que esta institución (la JEP) pueda operar con la necesaria independencia y autonomía”.

Así lo recalcó su enviado para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que varios países también insistieron en que la Ley Estatutaria tiene que entrar en vigor lo más pronto posible.

La legislación fue aprobada por los legisladores colombianos y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, por lo que únicamente estaba pendiente de sanción presidencial. Sin embargo, el pasado 10 de marzo, Duque devolvió al Congreso el texto por considerar que seis de sus artículos no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre del 2016.

El presidente también ha propuesto tres reformas a artículos de la Constitución vinculados con la JEP, aunque ha dejado claro que las modificaciones no tendrían carácter retroactivo.

En ese sentido, la ONU considera fundamental que esas iniciativas no afecten a quienes dejaron las armas con buena voluntad y en base al Acuerdo de Paz.

“En un clima de incertidumbre -para las víctimas, para aquellos sujetos a la JEP, para miembros de la FARC que esperan financiación para su reintegración social y económica y para las comunidades que han sufrido el conflicto- la mayor incertidumbre sería reabrir los puntos centrales del Acuerdo de Paz”, señaló además Ruiz Massieu.

Ante las advertencias, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, defendió la postura del Gobierno e insistió en que las modificaciones que se promueven son convenientes.

 

Reclamo. En cuanto a la no retroactividad que reclama la ONU, Trujillo aseguró que ya le había garantizado al secretario general de la ONU, António Guterres, que ese principio será respetado.

“Él expresa su preocupación, pero desde acá le contesto: ‘tranquilo señor secretario general, que todo eso es hacia delante, no hay retroactividad’”, dijo a los periodistas.

En su discurso, el ministro de Exteriores recalcó el compromiso de Duque con la implementación del Acuerdo de Paz que heredó de la anterior Administración y, frente a la “coyuntura crítica” de la que ha advertido la ONU, dijo que el Gobierno ve la situación entre otras cosas, Naciones Unidas quiere ver avances más rápidos en el proceso de reintegración económica y social de los exguerrilleros.