Por ejemplo, citan los informes, pagos por 13 eventos de comunicación, en donde incluían platos de comida y piqueos, por un monto de 13.314 dólares.

Otra de las cosas que se indican, y que no debía ser usado con recursos de la ley, fue la adquisición de equipos, herramientas, maquinaria, obra de aceras, bordillo, rompeolas, por montos como 44.160 dólares, 31.437 dólares y 241.320 dólares. 

Lo mismo sucede por bienes adquiridos por el ECU-911, los mismos que estuvieron embodegados. 

También se detallan errores de administradores y fiscalizadores de contratos. Por ejemplo, en la obra de las 100 casas en Ceibo Renacer, de Manta, se pagó 1.541 dólares de más al contratista por una tubería que no fue instalada. 

Además se establece que existieron contratos que fueron pagados con recursos de la Ley de Solidaridad, cuando eran financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

En el último informe subido a la web de la Contraloría el 4 de abril, se detallan varias inconsistencias en la obra de la vía El Imperio-Colisa. 

Se indica, además, que la contratación de esta obra se hizo con estudios desactualizados, incompletos y con falencias. Pone de ejemplo que no se actualizaron las expropiaciones, ni las especificaciones eléctricas. Incluso, no se pudo construir un paso elevado porque el plano no contaba con la edificación del hospital geriátrico de Manta.

En el informe se cuestionan falencias en la obra del parque Las Vegas, de Portoviejo. 

Se dijo que detectaron que, por ejemplo, los camerinos y baterías no tenían el acabado que especificaba en el plano y que el fiscalizador aprobó planillas de avance sin comparar las cantidades realmente ejecutadas, “ocasionando un menoscabo de 32.466 dólares por rubros con deficiencias constructivas”. 

Reacciones. Julio Villacreses, parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo de Manabí, detalló que el último informe subido por parte de la Contraloría es un detalle parcial, pues falta más por indagar. 

“Tenemos esperanza que no se quedará impune. En la época de Pólit se santificaba eso. Ahora, con Pablo Celi se ha dado trámite”, dijo. 

Agregó que esto no puede quedar en solo una denuncia, sino que debe trasladarse al área judicial. 

“Debe existir indicios penales, destitución, multas al Contencioso Administrativo. No debe quedar solo en denuncias, peor aún que prescriban”, comentó.

Indicó que es necesario auditar los procesos de demolición “más caros del mundo”.

“Queremos que el contralor haga pública a los responsables del desvío de fondos, y en qué grado de responsabilidad están implicados. Sabemos que hay hasta destituciones”, citó.