Por ejemplo, según el informe de octubre del 2017 a diciembre del 2017, se reporta una asignación al Ministerio de Defensa de 1’908.608 dólares por adquisición de lubricantes; de 411.601 dólares por adquisición de llantas y la compra más fuerte fue de 9’865.545 para mantenimiento, kits y repuestos de vehículos, se indica en el informe.

También existen asignaciones, por ejemplo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la compra de coolers por 11.529 dólares y para la adquisición de cámaras por 33.999 dólares. 

Las provincias de Manabí y Esmeraldas también recibieron dinero para reforestación tras el sismo del 16 de abril, de parte de la Ley de Solidaridad.

El rubro es de 1’992.000 dólares para el Ministerio del Ambiente.

En ese entonces, Vicente Zavala, coordinador zonal del Ministerio del Ambiente, explicó que esos recursos fueron para cancelar los proyectos ambientales que en el año 2013 presentaron los gobiernos locales, es decir, municipios y juntas parroquiales, los cuales estaban impagos.

Retiro de fondos. Otro de los casos que causó conmoción e incluso destitución del entonces ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, fue el retiro de $ 300 millones de la Ley de Solidaridad. 

La autoridad de esa época indicó que el dinero fue destinado a la cuenta del Tesoro del Estado, pues no se podían tener “recursos ociosos”.

En ese tiempo, Andrés Páez reiteró que este accionar se enmarcaba en la figura de “peculado”. 

“Porque se trata de una infracción a la ley. Clara­mente el artículo 81 de la Ley de Finanzas Públicas establece la regla fiscal, que dice que para egre­sos permanentes solo se pueden usar ingresos permanentes y esos 300 millones, primero no son dineros permanentes, y además son recursos de los contribuyentes”, detalló. 

La Asamblea Nacional citó al exministro para un juicio político, pero no tuvo los suficientes votos. Actualmente la Fiscalía habría iniciado una investigación a De la Torre por ese tema.

Priorización. Vicente Abril, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, indicó que los fondos no se priorizaron y que constantemente se les ocultó información sobre el uso de los recursos. Reiteró que es necesario poner sobre la mesa las prioridades. 

Mencionó que los hospitales de Chone, Sucre y Pedernales aún no son una realidad tangible. Resaltó que la reparación del Carrizal-Chone aún no comienza y era una obra que podía considerarse con dinero de la reconstrucción. 

“Se usó dinero en alfombras, snacks, reparación de aviones de la fuerza aérea, cuando ellos tienen presupuesto para eso. No se ha investigado a fondo por qué los altos rubros en el proceso de demolición. La Contraloría debe dar presunción penal a los implicados”, dijo y agregó que los asambleístas manabitas deben ejercer su competencia de fiscalizadores.