Aquella decisión es una promesa del alcalde electo, Agustín Intriago.  

“Hemos sido claros desde el principio: Transire y Veolia no tienen nada qué hacer en Manta. No estamos contentos con ellas. El 42% de los mantenses votaron por esa propuesta y tengo que cumplirla”, ha repetido Intriago en varias entrevistas.

Él, quien empezará a administrar la ciudad a partir del 14 de mayo, adelantó que la culminación de los contratos se hará de la forma más correcta y legal.

Los conflictos. Jorge Zambrano, alcalde, sostuvo que la decisión de Intriago no será fácil jurídica ni económicamente, pues hoy la ciudad no tiene capacidad financiera para enfrentar una demanda o indemnización. 

“El candidato debía ser serio, no podía pronunciarse demagógicamente en virtud de captar votos, sino en función de una responsabilidad institucional”, señaló Pablo Delgado, asesor jurídico del municipio. Él explicó que una vía menos complicada para terminar los acuerdos es comprobar el incumplimiento de cláusulas por parte de las empresas, aunque ellas se defenderán demostrando lo contrario.  

Y si el alcalde electo toma la decisión de manera particular, las empresas podrán reclamar ante la justicia todo el dinero que dicen haber invertido hasta la fecha en la ciudad. Además de enfrentar una demanda millonaria por daños y perjuicios en la que el cabildo podría ser sentenciado a pagar todo el tiempo que las empresas habían proyectado operar en Manta. 

Raúl Villavicencio, abogado particular, agregó que otra alternativa que podría usar Intriago es la acción de lesividad, que comprende demostrar ante la justicia que los convenios tienen vicios legales por los cuales se deben anular. 

Mientras que las empresas, añadió, podrían interponer una medida cautelar antes de que la nueva autoridad proceda a su decisión, y una acción de protección en caso de ejecutarse la medida. 

En cualquiera de estos escenarios, adelantó Villavicencio, será una disputa legal que tomará mucho tiempo resolver. 

“Al haber un manifiesto publico por el alcalde electo de dar por terminados los contratos sin tener los informes técnicos financieros comerciales  y administrativos que justifiquen su terminación, le abre el camino a las compañías para interponer una acción  constitucional de medida cautelar, por ser una amenaza grave e irreparable al conculcarse la seguridad jurídica”, expresó Villavicencio. 

 

Antecedentes. En abril del 2017 Transire asumió por 10 años la administración de tres sistemas públicos de tránsito: parqueo tarifado, control de velocidad con fotorradares y revisión vehicular. 

Sus representantes se negaron a hablar sobre la advertencia de Intriago. Entre lo último que informaron hace meses está que invirtieron  siete millones de dólares en poner a funcionar los servicios concesionados. 

Mientras que en Veolia tampoco nadie quiso hablar. Su contrato de 10 años, firmado en septiembre del 2017, tiene como figura mejorar y potenciar los servicios de agua potable para mejorar la recaudación.