Con una inversión de algo más de mil millones de dólares y 187 estudiantes seleccionados del país, el 31 de marzo del 2014 inició sus labores académicas la Universidad Tecnológica Experimental Yachay.
Proyectada para contar con 10.000 estudiantes para el año 2040, promovería la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la difusión del conocimiento. Sin embargo, su destino ha sido muy diferente.
Hace un año, el 4 de abril del 2018, el contralor del Estado, Pablo Celi, remitió a la Fiscalía el examen especial realizado a Yachay, donde establece indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado.
La Contraloría determinó un perjuicio al Estado por $31,4 millones en la ingeniería, estudios, fiscalización y construcción de cinco de los 10 edificios del
campus universitario de Yachay.
En el informe DNA2-0015-2018 se detallan las responsabilidades por parte de tres exautoridades de la empresa pública Yachay, la firma consultora Hospiplan, la constructora ConEcuakor y el consorcio fiscalizador HP.C.
Los auditores constataron que la construcción de los cinco edificios está detenida hace dos años, debido a las deflexiones y fisuras en elementos como vigas, losas y escaleras. Además, establecieron que, por decisión de las autoridades de Yachay EP, se cambió arbitrariamente el diseño de los edificios. Constataron que el complejo de laboratorios no cuenta con columnas y vigas exteriores, como se especificaba en los planos estructurales. Pero los problemas no fueron solo de construcción.
El informe de la Contraloría detalla que las obras empezaron sin estudios concluidos ni planos aprobados por el Municipio de Urcuquí. Además, que avanzada la obra los constructores cambiaron especificaciones de materiales y, por tanto, los costos de los edificios.
Procesos. Por las irregularidades detectadas en Yachay, la Fiscalía inició tres investigaciones. De ellas, la que tiene informe de responsabilidad penal se abrió en Quito. Las otras dos se acumularon en una y se encuentra a cargo de la Fiscalía de Urcuquí.
La Fiscalía informó que “las tres se encuentran en investigación y se detuvieron”, según los fiscales encargados de los casos, por el alto costo que representa el contratar a los peritos que se hagan cargo.