Esta ley permite la intervención estatal en forma directa en la campaña política, al establecer mecanismos de control que otorgan al Consejo Nacional Electoral la capacidad de censurar, incluso, los mensajes que se pretende emitir en los medios de comunicación.

Así, si un candidato va a publicar un mensaje pagado en los medios, debe solicitar la aprobación del CNE, cuyos funcionarios pueden negar la autorización si consideran que el contenido afecta a alguien.

Además, prohíbe a los medios la publicación de mensajes que incidan a favor o en contra de determinado candidato, lo cual, también, afecta a los ciudadanos que quieran emitir su opinión sobre determinado postulante; pero deja abierta la posibilidad de que los gobernantes difundan sus logros en tiempos de campaña, lo cual pone en desventaja a quienes no están del lado oficialista.

Este código establece limitaciones a la libertad de expresión porque, como se dio en los recientes comicios, otorga potestad a los funcionarios para negar información que debería de ser de acceso público, como los nombres de los candidatos inscritos. También impone sanciones severas para los medios que, a criterio del juzgador, incumplen las disposiciones.

Estos son algunos casos que deben cambiarse en el  Código de la Democracia. Está bien que se haya propuesto reformas, pero también debería considerarse a los que restringen el derecho de información a los ciudadanos.