Está angustiado porque, dice, no se quiere morir dejando a su esposa e hijos con una deuda de 70 mil dólares, por una glosa que considera fue injusta. Explicó que era docente de la UTM y al mismo tiempo presidente de la Federación de Ganaderos, lo que se consideró como incompatible con su trabajo universitario y se lo acusó de no asistir a clases “cuando fui declarado el mejor docente”, añadió.

El juicio contra la Contraloría fue cerrado hace 3 años, pero el Tribunal Contencioso Administrativo, donde se ventilan los procesos contra el Estado, no se pronuncia. “Mi problema es inexorable, no les voy a heredar a mis hijos un patrimonio sino deudas”, añadió.

SIN JUECES. El Tribunal Contencioso tenía cuatro jueces, pero dos de ellos fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura por retardo injustificado en las causas. Esto impide que desde el viernes 22 se instale el Tribunal para las audiencias, donde hay 1.857 causas administrativas y 195 tributarias represadas, la mayoría de las cuales tienen años en espera.

La abogada Tábitha Véliz Loor indicó que la afectación no es solo para los abogados sino para los ciudadanos, porque en el Contencioso Administrativo y Tributario no solo ventilan causas los abogados contra el Estado sino las de los ciudadanos, por ejemplo con discapacidad o enfermedades catastróficas, “que tienen meses, años en espera de que se dicte sentencia y de alguna manera se pueda resarcir el daño que se les ha causado”. 

Añadió que lo lamentable es que a más del tiempo en que vaya a salir la sentencia, todavía quedan dos instancias, como son la Corte Nacional y la Corte Constitucional, alargando aún más el proceso para no cumplir con los derechos de los ciudadanos, porque las instituciones pueden presentar el recurso de casación. “Si se suman los años de espera, hay juicios que demoran más de 10 años”, recalcó. 

Dijo que para una persona común, que tenga que reclamar a cualquier ente público un derecho o indemnización, impugnando una glosa, pidiendo ser restituido a un puesto de trabajo, adquirir aquí una sentencia es un peregrinaje y en ese transcurso no solo se le puede ir la vida a una persona, sino que se deteriora la salud.

URGENCIA. El director provincial del Consejo de la Judicatura, José Verdi Cevallos,  indicó que a más tardar hoy se designará un juez, de entre los elegibles, para que se pueda despachar las causas prioritarias. Recordó que el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, que lleva las causas de Manabí y Esmeraldas, necesita 10 jueces.

Dijo que se nombrará siete jueces temporales y de sustanciación de procesos y se llamará a nuevos concursos para nombrar a 10 jueces: siete para el Tribunal Contencioso Administrativo, uno de la Corte Provincial, uno penal de Chone, uno para juzgados de primer nivel, aunque las vacantes por llenar son 14. “Va a ser pronto”, indicó, sin precisar fecha.

La norma señala que debe haber 13 jueces por cada 100.000 habitantes. En Manabí, donde hay 152 jueces, se cumple en un 97 %, indicó Cevallos. 

El ex presidente del Colegio de Abogados de Manabí Mauro Ponce indicó que debe ser prioridad la designación de los jueces.