Es saludable el compromiso asumido por el Ejecutivo para adecuarse al acuerdo de París sobre Cambio Climático, pero esa responsabilidad no debería ser una imposición desde el Estado. Debe, también, ser consensuada y compartida por el sector privado y la sociedad civil. 

Es fundamental que se realice un diálogo para que las exigencias que vendrán a los industriales, a las actividades que generan residuos que contribuyen al calentamiento global, a los emprendimientos agrícolas y más, sean sensatas, progresivas y no afecten la generación de ingresos y puestos de trabajo.

La guía para las acciones de adaptación y mitigación que realice el país en el período 2020-2025 para reducir las emisiones de carbono y aumentar su nivel de resiliencia frente a los cambios climáticos extremos, no debe, tampoco, ser un documento inviable de buenas intenciones. La practicidad es fundamental.

Adicionalmente, es preciso que se aprovechen las opciones de ayuda internacional que existen para avanzar en estos objetivos. Ya en anteriores acciones ambientales se ha recibido acompañamientos y donaciones de países europeos como Noruega, Alemania e incluso aportes de la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en acciones para mejorar el uso de suelos, combatir la deforestación y degradación de las tierras.

El cuidado del planeta es una responsabilidad de todos y debe ser una prioridad compartida.