Con estos probaría la supuesta financiación del gobierno de Nicolás Maduro a una fundación de pensamiento vinculada con el expresidente ecuatoriano.

La documentación la entregó después de que la fiscal general, Ruth Palacios, anunciara -según Granda- la apertura de oficio de una indagación preliminar, a raíz de la denuncia del caso que hizo el jefe de Estado, Lenín Moreno, recientemente en Chile.

El pasado viernes, durante una cumbre en Santiago de Chile en la que se presentaba la nueva organización Prosur, Moreno anunció que “existen intentos desestabilizadores liderados por los exmandatarios de Ecuador y Venezuela”.

Unos intentos que, aseguró el mandatario, involucran el manejo de recursos públicos venezolanos, “para financiar acciones contra el régimen democrático ecuatoriano y de la región”, indicó Granda a la salida de la Fiscalía.

Según la Presidencia, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela transfirió $281 mil al Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro, para “alimentar cuentas personales de exfuncionarios”.

El exmandatario, que reside en Bélgica, ante el anuncio del inicio de la investigación, dijo: “¡Qué bueno, señora fiscal! ¿Qué “investigación” es? ¿La número 24?”, se preguntó Correa a través de Twitter.

En horas de la noche, mediante un comunicado, la Fiscalía rechazó las pruebas porque “los hechos expuestos en conocimiento de la presente institución, no configuran indicios de la presencia de una conducta típica y antijurídica en el país”. Adelantó que, tras el análisis, “se concluyó que únicamente las conductas que se encuentren amparadas por la Ley Penal del Ecuador, serán susceptibles de ser perseguidas y castigadas”.