Tanto en la carta de intención como en el memorando de políticas y acciones, el país se comprometió a una reducción gradual del gasto corriente, que en los próximos tres años debe llegar al 5 % del balance primario no petrolero. Es decir, con medidas como la reducción de $ 1.000 millones en la masa salarial, y otros $ 1.000 millones en la compra de bienes y servicios; y un aumento en la recaudación tributaria en alrededor del 1,5% al 2 % del PIB, se espera llegar a un superávit primario del 3% en el 2021.

Concesión. Además, en estos tres años, de un universo de 12 mil activos públicos, la meta es concesionar $ 2.400 millones, sobre todo en el área hidroeléctrica y de hidrocarburos, detallan los documentos de Finanzas.

El ajuste del gasto, como consecuencia de los desbalances provocados por 27 mil millones de dólares de déficit acumulado desde el 2013, provocará un decrecimiento de la economía del 0,5 % en este año y un aumento de menos del 1 % en el desempleo. Pero a partir del 2020, la economía volverá a crecer entre el 1 y el 2 %.

Los otros puntos clave del acuerdo incluyen una reforma estructural del Banco Central; la eliminación de rigideces en el sistema financiero como los techos en las tasas de interés; un incremento de la competitividad, a través de una reforma laboral y tributaria; y una mejor transparencia pública mediante una Ley Anticorrupción. 

Según autoridades del Gobierno, una parte de estos recursos estará destinada al acceso de créditos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, que dejó 673 muertos en el país.