El nuevo superintendente de Comunicación, Édison Toro, dijo hoy que, aunque apoya eliminar esa entidad, su gestión apostará por la transparencia, la austeridad, la protección de derechos y la plena libertad de expresión, tras la polémica que envolvió al organismo en el Gobierno de Rafael Correa.

En una rueda de prensa, Toro expresó preocupaciones por el manejo que ha hecho la Superintendencia y dijo que desde 2014 esa entidad ha efectuado 1.188 procesos administrativos contra periodistas, medios y otros actores de la comunicación.

La Superintendencia de la Comunicación (Supercom), creada en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), estuvo envuelta en la polémica al ser considerada por grupos de oposición y gremios de prensa como una entidad sancionadora amparada en la Ley de Comunicación (LOC).

Esa ley fue calificada como "mordaza" y actualmente es también sometida a un proceso de reformas por la Asamblea Nacional (Parlamento).

Asimismo, la oposición aseguraba en el periodo pasado que la Supercom era un organismo para controlar a la prensa por parte del Gobierno de Correa, quien la consideraba como reguladora de los abusos de la prensa.

Toro, designado recientemente al frente del organismo por parte de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCSS-t) y propuesto por el Gobierno del presidente Lenín Moreno, contrario a Correa, señaló que su gestión se encaminará por la senda de la transparencia.

Incluso, Toro dijo ser partidario de que se elimine la Supercom y que se enmiende la Ley de Comunicación, a las que ha considerado lesivas para la libertad de expresión.

No obstante, dijo que hasta que no se defina si se elimina o no la Supercom, su trabajo será el de revisar y auditar la gestión del anterior periodo, en el marco de la normativa vigente.

Por ello, dijo que pedirá a la Contraloría del Estado un "alcance" a ciertos exámenes especiales efectuados sobre contratos hechos en el pasado.

Señaló que desde 2014, la Supercom ha efectuado 1.188 procesos, 428 de ellos sancionados, con una cuantía de multas por cerca de 3 millones de dólares, aunque apenas 879.000 dólares han sido recaudados.

Toro aseguró que con esos antecedente su gestión tendrá tres ejes de actuación y que buscan desarrollar un "trabajo con transparencia, en un marco de austeridad", con una "línea de conducta de protección de los derechos" y la garantía para una "plena de libertad de expresión" en el país.

 

Toro dijo estar de acuerdo con la propuesta para que al Parlamento reforme la Ley de Comunicación y retire a la comunicación como un servicio público.

 

También la Superintendencia debió ser eliminada desde hace años, reiteró Toro al precisar que la existencia de ese tipo de entidades "no se justifica".