En el Senado, la base son los 19 miembros de la bancada del Centro Democrático, a quienes se sumará, con seguridad, el Partido Conservador con sus 14 curules. 

En ‘la U’ la división no ha permitido tener las cosas claras, hay amigos y críticos del nuevo gobierno. Los liberales recibieron la invitación expresa de Duque de declararse partido de gobierno y posiblemente ese sea su puesto, pero todavía no hay decisión. Cambio Radical estará en el bloque de los independientes. 

El nuevo mandatario tendrá, además, una oposición de al menos 24 senadores, con rostros muy reconocidos como Jorge Robledo y Gustavo Petro, y fortalecida por el Estatuto de Oposición, que le da especial protagonismo a este bloque de partidos.

 

Denuncias.  La Fiscalía General de la Nación confirmó que en lo que va de este año se han registrado 1.291 denuncias de líderes de derechos humanos y desmovilizados de las FARC que han sido amenazados. Además se han registrado 183 muertes confirmadas por Naciones Unidas. 

Debido a estas cifras alarmantes, Duque deberá enfrentar el reto de cómo detenerlas y también de cómo judicializar a los responsables, ya que de los 183 crímenes apenas se han logrado esclarecer los hechos en 90 casos. 

El desafío también será combatir a las disidencias de las FARC, ELN, el ‘clan del Golfo’ y las bandas criminales que resultaron de la desmovilización paramilitar, ya que estos grupos son los principales sindicados de los ataques contra los líderes sociales. 

Durante un encuentro con el defensor del pueblo, Carlos Negret, Duque afirmó que en su gobierno esta será una prioridad y anunció la creación de una política pública encaminada a evitar los atentados contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Presidente se reunirá el 23 de agosto con líderes sociales en Apartadó (Antioquia).

 

Pensiones. “Hay un enorme hueco fiscal por las pensiones públicas en todos los subregímenes de prima media, que alcanza 38 billones de pesos, de los cuales Colpensiones representa 18 billones”, explicó hace poco Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. Y la realidad hoy en día no ha cambiado mucho. 

Debido a esto, el reto de Duque es lograr que la tercera parte de lo que el gobierno recibe en impuestos no se gaste en el sistema pensional y que este sea autofinanciable solo con los aportes de los trabajadores. 

Este desafío estará acompañado de la transición demográfica del país: cada vez hay menos trabajadores activos por cada adulto mayor gracias al aumento de la expectativa de vida, lo cual hace insostenible el sistema pensional. Duque ha asegurado que le apostará a la formalización laboral, lo cual permitiría tener más cotizantes en el sistema. 

 

La haya.   La Corte Internacional de Justicia de La Haya está a punto de pronunciarse sobre dos demandas de Nicaragua contra Colombia: una por el supuesto incumplimiento del fallo del 2012 de ese mismo tribunal, que le concedió derechos económicos a ese país sobre aguas que tradicionalmente habían sido de Colombia en el mar Caribe; y la otra sobre la nueva pretensión de ampliar la plataforma continental extendida.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su equipo de abogados tenían listos nuevos alegatos (las contramemorias) para enfrentar las pretensiones de Nicaragua, pero al nuevo gobierno le corresponderá resolver si se apoya en los trabajos elaborados por el equipo saliente o plantea una nueva estrategia de defensa, para lo cual ya no le quedaría tiempo suficiente.

Esa será una de las decisiones más importantes del nuevo gobierno en política exterior. Duque presentaría al Congreso una reforma tributaria antes de que termine el 2018. El nuevo mandatario ha sido enfático en que quiere simplificar el sistema tributario para “incentivar a las pequeñas, medianas y grandes empresas, que son las que generan empleo”. Pero dicha reforma debe enfrentar tres retos principales.

El primero es aumentar el recaudo de impuestos eliminando exenciones tributarias, particularmente en las zonas francas, y enfrentando la evasión de impuestos. 

El segundo es cumplir la regla fiscal, la cual determina el límite anual para el gasto estructural del país. En el 2018 el Gobierno tiene permitido un déficit fiscal de 3,1 %. 

Finalmente, Duque debe afrontar el reto de mantener controlado el gasto público, el cual se desbordó cuando cayó el precio del petróleo. Este punto es clave para mantener la calificación del país y fomentar la inversión.