Actualizado hace: 1 hora 59 minutos
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Familias piden ayuda al público

Cada vez es mayor el número de familias en Estados Unidos afectadas por la política de “tolerancia cero”.

Lunes 06 Agosto 2018 | 05:00

El incremento de estos casos hace que las familias deban pedir ayuda al público para costearse la vivienda, la alimentación y los servicios básicos, advierten organizaciones de defensa de los inmigrantes.

Los llamados de solidaridad para ayudar a hijos de inmigrantes arrestados o deportados se escuchan de costa a costa en el país.
“Ahora estamos viendo más necesidad en las familias que quedan endeudadas (por costos legales) o sin el ser querido que mantenía el hogar”, asegura Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla).
 
>ayuda. Mientras las organizaciones se enfocan en proveer asesoría legal a los afectados, la ayuda para costear el día a día está quedando en manos del público.
Un ejemplo de este calvario es el pedido de ayuda de los cinco hijos de Jesús, quién fue detenido por oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 23 de mayo.
La familia del inmigrante, que era el único sosten económico para su mujer, que padece epilepsia, y sus hijos, no ha podido pagar la renta y esta a punto de ser desalojada de su vivienda en el condado Orange (California).
Hace dos días la familia se vio obligada a abrir una cuenta en el sitio Gofundme para recolectar dinero con urgencia.
En esta coyuntura el único camino que activistas como Cabrera tienen es apelar a la solidaridad del público y de sus amigos. 
Una investigación del Centro para la Innovación de la Justicia Racial estimó que el 2016 más de 20 mil niños terminaron viviendo en hogares de paso después que sus padres fueron deportados. 
Ahora la política de “tolerancia cero” que está aplicando el Gobierno de Donald Trump está causando una crisis sin precedentes, de acuerdo con Maru Mora-Villalpando, fundadora de Latino Advocacy.
Mora-Villalpando advierte que además de los gastos de vivienda, alimentación, transporte y salud, las familias deben asumir los costos legales de defensa del detenido y de permanencia en la cárcel.
El futuro económico para estas familias no parece ser muy halagüeño. Cabrera advierte de que “lo peor de todo es que la asistencia económica organizada es casi inexistente”.
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