Indicó que en el caso de una sanción administrativa, que puede ser multa o destitución, tienen plazo de 30 días para contestar con sus argumentos de descargo. En el caso de responsabilidades civiles tienen hasta 60 días para contestar al organismo de control; y, cuando son órdenes de reintegro, tienen hasta 90 días. 

Aclaró que las glosas son sanciones civiles y las órdenes de reintegro se dan cuando se ha determinado que ha habido fondos que fueron asignados y tienen que ser reincorporados a las arcas del Estado.

Sobre las responsabilidades de tipo penal señaló que no las determina la Contraloría, que presenta un informe de indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado.

Kon dijo que al ser las notificaciones de carácter personal, la fundamentación y la sanción que se estaría predeterminando son comunicadas directamente al sujeto de control.

Destitución. La Contraloría del Estado emitió el viernes 27 de julio un informe en el que predetermina sanción de destitución contra el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, quien se encuentra en España por asuntos personales.  

Zambrano encargó el despacho a la Viceprefecta desde el 25 de julio hasta hoy. Mañana debe reintegrarse.

Zambrano y 15 funcionarios del GPM tienen predeterminación de responsabilidad por obras ejecutadas en La Manga del Cura y otros sectores de la provincia, de acuerdo al examen especial realizado al período comprendido entre el 1 de agosto del 2014 y el 30 de noviembre del 2017. Según el documento de la Contraloría General del Estado, se han emitido glosas por $ 2’203.507,84.

Además, según el contralor general, Pablo Celi, hay sanciones administrativas por 180 mil dólares.

Notificaciones. Patricio García, delegado provincial de Contraloría, señaló que la mayoría de notificaciones había sido entregada el lunes y esperaban terminar ayer.