Distribuidos en diversos sitios de esta ciudad portuaria, los manifestantes rechazaron la instalación de radares con la intención de penalizar los excesos en la velocidad dentro de la urbe, sin que previamente la municipalidad haya aprobado los límites y señalado adecuadamente las calles involucradas.

Aquello, además del reclamo de que primero debería ser “socializado” el tema con la comunidad, indudablemente resulta lógico de comprender como motivo de protesta, puesto que, sin sustento legal ni los símbolos que prevengan el incumplimiento, difícil es no caer en el mismo y recibir las sanciones correspondientes.

Recordamos que la situación no es nueva, encontrándose de por medio una empresa privada que exige sus derechos en el control de la velocidad, cedido mediante contrato por la municipalidad desde hace varios meses y que intenta ejercerlos en defensa de sus intereses.

Al parecer se trataría de una falta de coordinación y comunicación, cuya demora en aplicar ha generado inconformidades crecidas con el tiempo, pero que deberían ser solucionadas de inmediato entre las partes para evitar mayores consecuencias que repercutirían en todos.

Esperamos que así se proceda y que pronto surja el acuerdo que regularice el procedimiento a ser aplicado, con la anuencia general.