Existen denuncias de funcionarios de la Corte Constitucional. ¿En qué consisten?

Estoy insistiendo, en mi calidad de ciudadano, en hacer la lucha pública contra la corrupción. Solicito de la forma más respetuosa al fiscal general del Estado, Paúl Pérez, que nos informe al país, si es verdad o no, de que la indagación previa número 170101818061503 corresponde a una denuncia de lavados de activos y si en ella estarían o no implicados, bajo un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los señores jueces de la Corte. Porque en el ejercicio de la transparencia, el señor fiscal tiene una obligación moral de decirle al país el curso de estas investigaciones.  

 

¿Qué implicaciones se tendría en la justicia si esta investigación saliera positiva?

De ser cierto, lo que quiero decirle al país que por el bien de la sanidad pública, los señores jueces deben renunciar para permitir con absoluta normalidad que las investigaciones fluyan, sin presiones de ninguna naturaleza. No se estaría atentando al respeto al principio de presunción de inocencia, pero sí de facilitar que las investigaciones no se entorpezcan por presiones políticas. 

 

Y serían más funcionarios bajo la lupa del anterior y de este Gobierno…

Imagínese, que en este país se habla de miles de millones de dólares que la corrupción ha consumido, pero que se hayan recuperado, no hay evidencia. Es necesario darnos un baño de justicia. De ser cierta esa denuncia de los jueces, debe derivarse la investigación a los asesores, secretarios, asistentes de los propios magistrados de la Corte. Ojalá, y lo advierto, que si el Consejo de Participación Ciudadana le está solicitando información al presidente de la Corte, Alfredo Ruiz, para que diga los funcionarios que elaboran los proyectos de borrador en la salas de admisión o de las sentencias, no vayan a mentirle o vayan a maquillar esa información. Confío y alerto al Consejo de Participación para que toda la información sea verificada, contrastada y comprobada. 

 

¿La justicia en Manabí se relaciona con lo que está sucediendo a nivel nacional?

Aquí en Manabí hay que generar la mayor movilización de insurgencia contra la corrupción. Hay que presionar bajo los niveles de razonabilidad y la actuación cívica a todos los operadores de justicia. Para que se investiguen los destinos de recursos a consecuencia del terremoto. Es imposible que aún los informes de la Contraloría no arrojen responsabilidades penales. Doctor Patricio García, hasta el día de hoy tenemos información. 

 

A raíz de todos estos problemas ¿qué otras investigaciones deberían hacerse en el país?

El Consejo de la Judicatura va a comenzar un proceso de evaluación, iniciándose con los jueces de la Corte Nacional. Eso indica que es necesaria una profunda revisión, no solo de las designaciones de esos jueces, su origen, si fue legítimo, si se respetaron las reglamentaciones de esos concursos, sino que también las calidades de las sentencias y con cuántas afectaciones a los derechos se emitieron. Que se investiguen las declaraciones patrimoniales de los propios jueces de la Corte Nacional de Justicia, como también de los jueces de la Corte Constitucional. Luego, aterrizar de la misma forma con los jueces de las cortes provinciales y nacionales. El doctor Aquiles Rigail, con quien concuerdo, ha dicho que hay que investigar a los jueces que de la noche a la mañana han aparecido con propiedades, con vida de magnates. Esto también tiene que ocurrir al nivel medio de los funcionarios.  Aquí en Manabí todo el mundo se sorprende que gente joven que estuvo implicada en el proceso de reconstrucción post terremoto, sin haber tenido trayectoria profesional, son los nuevos ricos de esta provincia. A ellos hay que investigarlos y la ciudadanía los tiene identificados, pero nadie dice nada.