Ya son varios los exfuncionarios que han sido separados de sus cargos y hasta sentenciados por estar implicados en actos de corrupción.
Entre ellos el vicepresidente Jorge Glas, acusado de asociación ilícita y Carlos Pareja Yanuzzelli, sentenciado por cohecho.
Pero no se ha hablado de la incautación de sus bienes o de la devolución del dinero que supuestamente se sustrajeron o generaron ilícitamente mientras ocupaban sus cargos y hacían uso de sus influencias.
En mi opinión, estas sentencias están inconclusas.
Creo que los ecuatorianos debemos exigir que una vez que finalice el proceso penal se proceda a la recuperación de bienes y de esta forma reponer el dinero en proyectos de ayuda y bienestar social para las personas más vulnerables de nuestro país.
Entre las medidas de colaboración por otorgar información, también debería implementarse la devolución del dinero que consiguieron a través de coimas o “regalitos” y, a cambio, se pensaría en una reducción de la pena.
Hay que exigir al Estado la respuesta a la pregunta del pueblo: ¿Y la plata para cuándo?
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